Los hospitales de comunidad ya comunicaron ajustes del 13 o 14% para agosto; las empresas prepagas analizan su próximo aumento.
Un grupo de usuarios de la medicina privada está recibiendo por estos días la comunicación de un aumento de cuotas que se aplicará a partir de agosto y que será de alrededor del 13 o 14%. Así lo pudo corroborar La Nacion en el caso de planes de salud brindados por hospitales de comunidad, aunque también las empresas prepagas están analizando la aplicación de subas, que podrían ir del 10 al 15 por ciento.
El principal motivo argumentado por las entidades es, al igual que en años anteriores para esta misma época, el incremento salarial para los trabajadores del sector, que en el caso de los mencionados hospitales se firmó ya por un 33,33 por ciento.
El principal motivo argumentado por las entidades es, al igual que en años anteriores para esta misma época, el incremento salarial para los trabajadores del sector, que en el caso de los mencionados hospitales se firmó ya por un 33,33 por ciento.
Este año, las gestiones se dan en un contexto especial, porque el Congreso aprobó la ley de regulación de prepagas, que dispone un mecanismo para que el Estado autorice los ajustes de precios y que, por otro lado, y según advierten las empresas, provocará un aumento de los costos. De todas formas, la norma -que excluye de su alcance a las entidades sin fines de lucro- aún no está vigente, porque falta la reglamentación y porque la propia norma otorga 180 días hábiles, desde mediados de mayo pasado, para la adecuación a las nuevas reglas de juego.
Respecto de los aumentos salariales, en el caso de los hospitales de comunidad se firmó en los últimos días un acuerdo con el sindicato de la sanidad que implica una mejora del 33,33%, por aplicar en tres etapas: un 20% desde las remuneraciones de julio, otro 5% a partir de diciembre y un 8,33% para los sueldos devengados a partir de febrero de 2012.
"Para nosotros el costo de salarios es más del 60 por ciento del gasto total, pero además suben todos nuestros gastos por la inflación general y también nos impactan los aumentos salariales de otros gremios que dan servicios", aseguró un directivo.
El acuerdo salarial ya firmado comprende al personal técnico, administrativo y de maestranza de los hospitales Alemán, Británico, Centro Gallego, Español, Francés, Israelita, Italiano, San Martín y Sirio Libanés, todos de la ciudad de Buenos Aires. Algunos ya anunciaron ajustes en las cuotas, del 13 o 14%, desde agosto.
Clínicas privadas
El sindicato mantiene, mientras tanto, abiertas las negociaciones con las clínicas privadas. Este es el convenio que termina impactando en las cuotas que pagan los afiliados a los planes de firmas como Swiss Medical, Galeno, Omint, Medicus u OSDE, ya que son sus prestadores (y en algunos casos las clínicas son de las propias prepagas). En los últimos años, las prepagas justificaron en gran medida sus subas de cuotas en estas recomposiciones de salarios.
Según dijo a La Nacion el asesor letrado del sindicato, Federico West Ocampo, el objetivo buscado este año es que el salario básico de una enfermera llegue a los $ 4000. Esa meta se cumplió, de hecho, en el pacto con el sector de hospitales de comunidad. Y el porcentaje que ello implicó, del 33,33%, se replicó en todas las categorías del convenio.
En la negociación del convenio con clínicas privadas, la entidad gremial reclama que el objetivo se alcance para diciembre de este año.
Sin la ley vigente, las entidades de salud tienen la obligación de informar a sus usuarios sobre la suba de cuotas con 30 días de anticipación, pero no requieren una autorización del Estado.
Un artículo de la ley aprobada el mes pasado dispone que "la autoridad de aplicación" autorizará las subas cuando se justifiquen "en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos". Según fuentes gubernamentales consultadas por La Nacion, aún se está trabajando en la matriz que definirá esa estructura de costos. El Poder Ejecutivo tiene tiempo hasta mediados de diciembre para reglamentar la ley.
La norma establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud, y no se descarta que se deleguen funciones en la superintendencia, que controla a las obras sociales. Pero el texto agrega que "en lo que respecta a la relación de consumo y a la defensa de la competencia" la dependencia que tendrá facultades es la Secretaría de Comercio Interior, que ocupa Guillermo Moreno.
La normativa también establece que las prepagas podrán fijar precios diferenciales para los contratos tomados por personas de determinada edad, dentro de ciertos parámetros. Y exige no aplicar aumentos de cuotas por razones de edad en el caso de mayores de 65 años que hayan estado afiliados durante al menos 10 años a la prepaga.
En el estudio de la reglamentación, se busca aclarar que si una persona cumple los 10 años de afiliación en cualquier momento posterior a haber llegado a los 65 años, las subas por razones de edad se dejarían de aplicar desde ese momento.
El sindicato mantiene, mientras tanto, abiertas las negociaciones con las clínicas privadas. Este es el convenio que termina impactando en las cuotas que pagan los afiliados a los planes de firmas como Swiss Medical, Galeno, Omint, Medicus u OSDE, ya que son sus prestadores (y en algunos casos las clínicas son de las propias prepagas). En los últimos años, las prepagas justificaron en gran medida sus subas de cuotas en estas recomposiciones de salarios.
Según dijo a La Nacion el asesor letrado del sindicato, Federico West Ocampo, el objetivo buscado este año es que el salario básico de una enfermera llegue a los $ 4000. Esa meta se cumplió, de hecho, en el pacto con el sector de hospitales de comunidad. Y el porcentaje que ello implicó, del 33,33%, se replicó en todas las categorías del convenio.
En la negociación del convenio con clínicas privadas, la entidad gremial reclama que el objetivo se alcance para diciembre de este año.
Sin la ley vigente, las entidades de salud tienen la obligación de informar a sus usuarios sobre la suba de cuotas con 30 días de anticipación, pero no requieren una autorización del Estado.
Un artículo de la ley aprobada el mes pasado dispone que "la autoridad de aplicación" autorizará las subas cuando se justifiquen "en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos". Según fuentes gubernamentales consultadas por La Nacion, aún se está trabajando en la matriz que definirá esa estructura de costos. El Poder Ejecutivo tiene tiempo hasta mediados de diciembre para reglamentar la ley.
La norma establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud, y no se descarta que se deleguen funciones en la superintendencia, que controla a las obras sociales. Pero el texto agrega que "en lo que respecta a la relación de consumo y a la defensa de la competencia" la dependencia que tendrá facultades es la Secretaría de Comercio Interior, que ocupa Guillermo Moreno.
La normativa también establece que las prepagas podrán fijar precios diferenciales para los contratos tomados por personas de determinada edad, dentro de ciertos parámetros. Y exige no aplicar aumentos de cuotas por razones de edad en el caso de mayores de 65 años que hayan estado afiliados durante al menos 10 años a la prepaga.
En el estudio de la reglamentación, se busca aclarar que si una persona cumple los 10 años de afiliación en cualquier momento posterior a haber llegado a los 65 años, las subas por razones de edad se dejarían de aplicar desde ese momento.
FUENTE: La Nación
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