Quejas de las empresas por las nuevas reglas para importar.

Critican la decisión oficial de extender la obligación de compensar las compras con exportaciones.

POR OLIVER GALAK

El nuevo "1 a 1" llegó para quedarse y ya empezó a generar polémica. El gobierno nacional decidió extender a un amplio abanico de productos la política que, desde este año, aplica a la importación de autos: por cada dólar que se envía afuera, primero hay que certificar exportaciones por ese mismo monto.

Las empresas que importan y comercializan de muebles a electrónicos, de calzado a vajilla, ahora se preguntan cómo harán para cumplir con esa norma sui generis. Y comienzan a surgir voces que alertan que este tipo de normas, que no en vano se transmiten de forma oral pero no quedan registradas en ningún papel, son "claramente restrictivas del comercio internacional".

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Industria, la idea es extender "la política tendiente a equilibrar la balanza comercial a los importadores de distintos sectores, de modo que puedan importar en la medida en que exporten".

Cuando se aplicó al sector automotor, esta política llevó a que las empresas buscaran asociarse con exportadores de lo más variado, con tal de que las dejaran seguir trayendo vehículos y autopartes. Se dio así la curiosidad de ver cómo Porsche anunciaba que iba a exportar vinos o cómo Hyundai se metía en el negocio del maní, en un amplio abanico que en otros casos incluyó también biodiésel, electrodomésticos y productos de nylon.

El otro sector para el que ya regía la obligación de compensar las importaciones con exportaciones por un valor similar es el de los supermercados. A pedido del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, desde hace más de un año las grandes cadenas empezaron a exportar alimentos para poder traer productos que no se fabrican localmente. Para Coto o La Anónima es una política relativamente fácil, ya que tienen frigoríficos propios que ya estaban exportando parte de su producción, pero otras cadenas tuvieron que armar esquemas de triangulación, aprovechando que cuentan con filiales en otros países de la región.

Pero para las pymes que operan en sectores de muebles, vajillas, cubiertos, confecciones, calzado y juguetes, entre otros, podría no ser tan sencillo montar una estructura exportadora. "A nosotros nos gustan mucho más las medidas formales y escritas que las informales. Como política de comercio exterior, estamos en desacuerdo. Seguimos creyendo en la libertad de comercio y en la lucha contra el comercio desleal, no contra el comercio leal", afirmó Diego Pérez Santisteban, presidente de la Cámara de Importadores (CIRA). "Si el producto se importa dentro de la ley, el producto no debería tener problemas para ingresar en el mercado argentino", afirmó.

Las reuniones de la ministra de Industria, Débora Giorgi, y su secretario del área, Eduardo Bianchi, comenzaron hace algunas semanas con empresas de distintos sectores. Por ahora están en etapa de negociaciones, pero se descuenta que la política que se adoptará será similar a la de la industria automotriz. Es decir, un dólar exportado por cada dólar importado; o la opción de realizar aportes de capital por similar valor.

Según se aclaró, se trata de aquellos rubros en los que ya se exigen licencias no automáticas (LNA) y cuyo destino final es el consumo. "Los acuerdos son empresa por empresa y no en el nivel sectorial. Tienen que presentar planes de importación y, en paralelo, planes de exportación que les permitan en un año equilibrar su balanza comercial", señalaron las fuentes oficiales.

Judicialización

Las primeras noticias sobre la nueva normativa se conocieron el martes pasado, cuando la consultora en comercio exterior Siqat, que opera a diario con los funcionarios encargados de autorizar la importación, advirtió en su página web sobre la nueva normativa. El hecho tomó estado público al día siguiente, cuando el diario El Cronista publicó lainformación.

Según los abogados Guido Krolovetzky y Augusto Vechio (Estudio Beccar Varela), que se especializan en trámites vinculados con las LNA, las empresas "siempre tienen la posibilidad de un recurso judicial, pero la judicialización, desde el punto de vista estratégico, no es conveniente".

Las licencias no automáticas le dan, en teoría, un máximo de 60 días al Gobierno para autorizar el ingreso de mercadería, aunque en no pocos casos se denuncian demoras muy superiores a ese lazo. Si una empresa no cumple ahora con las nuevas directivas, corre el riesgo de que sus LNA se demoren más de la cuenta. Pero el Gobierno no puede poner esta amenaza por escrito sin exponerse a una sanción de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o, incluso, del Mercosur.

"Es muy difícil poner por escrito una cosa de este tipo. Sería una norma que no es multilateralmente aceptada", dijo Pérez Santisteban.

Otras fuentes vinculadas con empresas importadoras calificaron la medida como "claramente restrictiva del comercio internacional", aunque indicaron que muchas compañías se adaptarán "porque necesitan seguir trabajando con las actuales autoridades".

Sandra Rodríguez, directora de Siqat, coincidió: "Cada empresa, según su realidad, optará entre el camino de seguir con las licencias no automáticas o presentar un amparo. En general, la mayoría de las empresas tiende a acompañar la medida del Gobierno".

FUENTE: La Nación