Hoy recuperará la mayoría en la comisión del Congreso que los revisa; para la oposición, es peligroso.
Después de dos años de virtual parálisis en sus actividades por la paridad entre miembros oficialistas y opositores, la Comisión Bicameral encargada de revisar los decretos de necesidad y urgencia (DNU) se volverá a reunir hoy para elegir nuevas autoridades y otorgarle el control absoluto al kirchnerismo.
En el debut analizará el decreto que dispuso la revisión de varios de los ítems de los sueldos estatales, una medida que colocó en estado de alerta a sectores gremiales porque podría abrir la puerta a una reducción salarial.
Además de los DNU, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tiene la potestad de vigilar la legalidad de los decretos del Poder Ejecutivo emitidos en uso de facultades parlamentarias delegadas y los vetos a las leyes, luego de una polémica ley reglamentaria impulsada por Cristina Kirchner en 2006, cuando era senadora. La reunión, convocada para las 18 en el Salón Illia del Senado, promete convertirse en un mero trámite ya que el kirchnerismo recuperará su mayoría en el cuerpo: tendrá 10 de los 16 integrantes. Para la oposición, ese escenario transformará a una de las comisiones más importantes del Parlamento en un órgano que se limitará a refrendar las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo por la vía más expeditiva: la de los DNU.
"Se trata del modo en que concibe el poder el kirchnerismo: todo lo decide una sola persona y no se discute nada. Históricamente, el uso de los DNU fue la ventana que encontró el kirchnerismo para eludir el debate en el Congreso ", afirmó el senador Luis Naidenoff (Formosa), jefe del bloque radical y miembro de la comisión. En el oficialismo, en tanto, impera la convicción de que su papel debe limitarse a refrendar lo actuado por la Casa Rosada. Así lo confirmo el Presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, cuando replicó las denuncias de las fuerzas opositoras acerca de que las mayorías oficialistas convertirán al Congreso en una "escribanía" del Poder Ejecutivo.
"La verdad que no tengo inconveniente en ser escribano de un gobierno que defiende los intereses del pueblo", se jactó Domínguez a poco de asumir su banca.
La composición oficialista es toda una confirmación del perfil verticalista que tomará la Comisión Bicameral por los próximos dos años. En ella priman los kirchneristas de "paladar negro", como los diputados Agustín Rossi, jefe de la bancada; Eduardo de Pedro, miembro destacado de La Cámpora; Diana Conti, y los senadores Beatriz Rojkés de Alperovich, elegida presidenta provisional del Senado por Cristina Kirchner, y el santacruceño Pablo González.
Además de los mencionados, la delegación oficial se completa con los diputados Jorge Landau y Luis Cigogna, y los senadores Miguel Pichetto, Marcelo Guinle y María de la Rosa.
La oposición, ahora reducida a seis representantes, estará compuesta por los radicales Naidenoff y Ernesto Sanz, por el Senado, y Juan Pedro Tunessi y Jorge Albarracín, por Diputados. El peronismo disidente tendrá dos miembros, aunque hasta el momento sólo designó al diputado Enrique Thomas.
Los integrantes de la comisión deben expedirse sobre la validez o invalidez del decreto y elevar su dictamen al plenario de cada cámara para su tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos en la Constitución.
DOS AÑOS DE PARATE
Más allá de la anunciada decisión oficialista de no poner ningún tipo de objeción a los decretos que emita el Gobierno, la Comisión Bicameral ha sido víctima en los dos últimos años de una auténtica parálisis que ha llevado a que el cuerpo apenas se reuniera en cuatro oportunidades en ese tiempo.
El conflicto comenzó en febrero de 2010, luego de que una mayoría circunstancial de la oposición en el Senado le arrebatara al kirchnerismo el control de todas las comisiones en esa cámara.
La ofensiva intentó avanzar sobre la bicameral de Trámite Legislativo, pero fracasó por la intervención del bloque oficialista, que se presentó ante la Justicia con un recurso de amparo para que restituyera a la tucumana Rojkés de Alperovich, que había sido excluida para dar lugar al peronista disidente Roberto Basualdo.
A pesar de las críticas de Cristina Kirchner contra la "judicialización de la política", frase con la que fustigó los recursos de la oposición ante los tribunales para evitar el uso de reservas del Banco Central para el pago de deuda pública, el oficialismo consiguió que un juez le devolviera el representante que la oposición le quería arrebatar.
Así, la bicameral quedó conformada por ocho oficialistas e igual cantidad de opositores, lo cual impidió desde la designación de autoridades hasta la concreción de las convocatorias a las reuniones. Un papelón que se tradujo en la paulatina merma del trabajo de la comisión y que terminó con su paralización total durante todo el año pasado.
FUENTE: La Nación
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