Si el empleador no pudiera dar cumplimiento a esta obligación por causa que no le fuera imputable, deberá abonar al trabajador una indemnización igual a la prevista en el artículo 247 de esa ley.
Contrariamente, si estando en condiciones de hacerlo no le asignare tareas compatibles con la aptitud física o psíquica del trabajador, estará obligado a abonarle una indemnización igual a la establecida en el artículo 245.
Es decir que el empleador estará obligado a reincorporar al trabajador si existe un alta médica que indique que está en condiciones de realizar sus tareas habituales o bien, que presenta una incapacitación que se considera definitiva y que le impide realizar aquellas tareas. Sólo en éste último caso, el empleador, si las tiene, debe asignarle tareas que pueda desempeñar, compatibles con aquella, sin disminución de su nivel de remuneración.
Si bien la norma no define que debe entenderse por “disminución definitiva”, de la capacidad de trabajo, interpretamos que es aquella que –desde el punto de vista médico- no permitirá al trabajador retomar sus tareas habituales, al menos, hasta la finalización de los plazos de licencia paga y el periodo de reserva de puesto de un año previsto en el Art. 211 de la LCT pendientes, que son los periodos máximos legales durante los cuales el empleador está obligado a esperarlo. Si se verifica tal situación, lógicamente, es inútil que continúen transcurriendo esos plazos.
Configurada esa situación, recién el empleador tiene la obligación descripta más arriba. Para ello, lógicamente, debe contar con la opinión de su servicio médico.
No reúne esa condición un certificado que recomiende la realización de “tareas livianas”, ya que éste, nada dice sobre si el impedimento es o no definitivo, tal la exigencia legal.
