En pocas semanas tendrá lugar la convocatoria al Consejo del Salario. El debate promete ser acalorado a raíz de las últimas subas acordadas en paritarias por gremios clave, que llevaron el piso salarial a $4.000, los reclamos sindicales de aumento de 35% y el tope de 24% que proponen los empresarios.
Por Juan Manuel Barca y Gonzalo Chicote.
La relación entre el Gobierno y la Confederación General del Trabajo (CGT) no atraviesa por su mejor momento. Los tiempos de "idilio", que caracterizaron los primeros años de gestión K y que se prolongaron hasta el fallecimiento del ex mandatario Néstor Kirchner, quedaron atrás.
Hoy, las cosas son distintas y varios hechos dan cuenta del distanciamiento entre el Ejecutivo y la central obrera.
Uno de los indicadores más reciente y evidente de la situación tuvo lugar luego de que la presidenta Cristina Kirchner anunciara que buscará su reelección en los comicios de octubre.
En ese marco, se dio a conocer la conformación de las listas oficiales, la cual dejó un sabor amargo en varios dirigentes sindicales que esperaban ocupar un lugar en las mismas.
Además, en el escenario legislativo, otra puerta parece cerrarse. El proyecto de ley que apunta a que las empresas repartan parte de sus utilidades entre sus empleados que, en principio, parecía contar con el guiño del Gobierno y que es impulsado por el asesor legal de la CGT, Héctor Recalde, quedó en un freezer.
En este contexto, en el que se advierte una profunda sensación de insatisfacción de parte de varios miembros de la CGT y en el que las presiones salariales se han puesto de manifiesto en las últimas paritarias, tendrá lugar este miércoles una reunión clave del Consejo Directivo de la central obrera para definir el planteo que llevarán a la hora de negociar la actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).
El SMVM actualmente se ubica en $1.840 y se ajusta a través de un consejo integrado por las principales cámaras privadas del país, las centrales sindicales y el Gobierno.
Fuentes del Ministerio de Trabajo confirmaron a iProfesional.com que "la convocatoria al Consejo del Salario se realizará entre fines de julio y comienzos de agosto".
En tanto, Recalde se mostró confiado en que "se seguirá la lógica de los años anteriores", en los cuales se realizó en agosto.
Las negociaciones prometen un acalorado debate. Se espera que desde el Gobierno intenten acercarlo a los $2.200, de modo de convalidar un incremento cercano al 24%, en línea con la pauta alcanzada por los acuerdos salariales durante este año, según el Ministerio de Trabajo.
Sin embargo, algunos líderes sindicales consultados por este medio afirmaron que no se conformarán con ello y adelantaron que irán por más, en línea con lo que consideran "la inflación del supermercado".
En este sentido, desde la CTA que conduce Pablo Michelli anticiparon que pedirán una recomposición del 35%, lo que llevaría el mínimo a 2.500 pesos.
"La preocupación que siempre hemos tenido es que la inflación es un asunto que golpea a los sectores que representamos, pero no hay un desborde inflacionario, hay una aceleración de precios frente a la cual el Gobierno está tomando medidas", señaló a iProfesional.com el secretario de capacitación de la CGT y mano derecha de Hugo Moyano, Juan Carlos Schmidt.
En tanto, desde las cámaras empresarias se muestran reacios a una suba superior.
¿Efecto arrastre?: la incidencia de las paritarias sobre el SMVM
En medio de la "guerra fría" entre el Gobierno y la CGT, donde el SMVM ya se perfila como otro disparador de debate, se suma otro elemento que podría incidir al momento de las negociaciones.
Y es que algunos gremios importantes acordaron durante las últimas paritarias elevar el piso salarial a los $4.000 en hasta tres cuotas, lo que pone una mayor presión sobre la actualización del mínimo.
Esto fue lo que sucedió, justamente, con los empleados de comercio, la industria de la alimentación, los metalúrgicos, algunas ramas de la sanidad, los mineros y los gastronómicos.
Varios sindicatos consideran que ese piso es el que más se aproxima a la canasta básica. Y este dato no es menor considerando que el propósito del salario mínimo es asegurar al trabajador y su familia las necesidades básicas para no caer en la línea de pobreza.
"El salario mínimo tiene que ver con la canasta básica y con los aumentos salariales que se han firmado en paritarias, se tienen en cuenta diferentes parámetros", explicó a este medio, el secretario adjunto de Obras Sanitarias e integrante del Consejo del Salario, Carlos Ríos.
El problema es que "todavía no hay acuerdo" en el Consejo del Salario en torno a cómo medir dicha canasta y, por ahora, se han adoptado como parámetro las cuestionadas cifras del INDEC, que para junio arrojaron que la canasta, para un hogar tipo de cuatro miembros, era de $1.314, casi la mitad de lo que estiman las consultoras privadas.
Frente a ello, la CTA reclama que éste sea uno de los puntos a debatir, junto con el subsidio de desempleo. En tanto, desde la central obrera que conduce Moyano anticipan por lo bajo que el Ejecutivo mantendrá su política de aplicar leves ajustes al piso salarial.
"El Gobierno es reticente a tocar demasiado el mínimo porque si se habla de un porcentaje del 35%, entonces es un 35% para todos", señaló un gremialista cercano a la conducción.
Y cuestionó que "se pone una pauta del 24% cuando las empresas tienen márgenes de ganancia de hasta un 180%".
La última actualización del mínimo tuvo lugar en agosto del año pasado y requirió un cuarto intermedio, ante las dificultades que presentó la negociación. La CGT exigía una suba del 33% para elevar el mínimo de 1.500 a 2.000 pesos, pero los empresarios lo rechazaron por considerar que afectaba las paritarias cerradas. Finalmente, acordaron elevarlo un 21% a $1.840 en dos cuotas, del 16% en agosto de 2010, y del 5,5% en enero de 2011.
Ahora, las cámaras plantean que la actualización del mínimo esté en sintonía con el techo salarial del 24%, que acordaron este año los camioneros, el gremio de la construcción y los estatales de la UPCN.
"Me parece que un 24% de aumento es un número adecuado y razonable para actualizarlo", aseguró a iProfesional.com, el presidente de la CAME, Osvaldo Cornide, quien además es uno de los miembros del Consejo del Salario.
En este escenario, los empresarios del campo también tienen su postura. Alertan que una suba mayor podría poner en riesgo las fuentes laborales en aquellas zonas donde la producción atraviesa una situación "crítica".
"Se están cerrando todos los convenios, y si el sindicato de peones (UATRE) pide el 30% de aumento, no se da cuenta de que van a perder trabajo. En algunas producciones, la mano de obra es el mayor costo y tiene que haber un equilibrio para que pueda haber subas salariales y en blanco", advirtió a este medio el dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y miembro del Consejo del Salario, Adolfo Burgos.
Las entidades nucleadas en el Grupo de los Seis hicieron notar también su preocupación por los acuerdos salariales durante una reunión que mantuvieron la semana pasada. Allí, alertaron que "los aumentos han erosionado la rentabilidad empresarial en algunos sectores".
Por ello, cada vez más, los líderes empresarios reclaman instancias de diálogo tripartito para resolver las cuestiones laborales. Así lo expresó recientemente el titular de la UIA, José de Mendiguren, quien llamó al sector sindical a discutir "un gran acuerdo estructural" de cara al 2012, que trascienda las paritarias, y advirtió que "el desarrollo implica privaciones presentes para un porvenir futuro".
El impacto del salario mínimo
El Consejo del Salario se reúne todos los años desde el 2004. Es convocado por el Ministerio de Trabajo y está integrado por 32 representantes, sin contar las autoridades públicas.
Del sector privado, están representados los industriales, la construcción, el comercio, los bancos y las entidades agrarias, mientras que del sector gremial participan el líder de la CGT, dirigentes de obras sanitarias, metalúrgicos, construcción, estatales, peones rurales, ferroviarios y referentes de la CTA.
Allí discuten, entre otros temas, la actualización del salario mínimo que alcanza a unos 227.000 trabajadores excluidos de los convenios laborales o cuyos convenios fijan sueldos inferiores a la línea de pobreza.
"Los principales afectados serán aquellos que estén fuera de algún convenio. Esto es así porque, erróneamente, se piensa que quienes no están incluidos son los de la alta gerencia cuando, en realidad, no siempre es así. En tanto, los empleados que están muy abajo en la escala serán los principales beneficiados", explicó Juan Carlos Cerutti, socio del estudio Cerutti - Unamuno - Darago.
El experto sostuvo que el retoque del mínimo "tiene una especie de consecuencia psicológica en los que tienen salarios bajos y que, en general, se desenvuelven en pequeñas y medianas empresas sin ser inscriptos en los convenios correspondientes". "Esto genera cortocircuitos entre empleados y empleadores", aseveró.
En la actualidad, quienes se desempeñan en tareas rurales, en el servicio doméstico y los empleados municipales están al margen del salario mínimo. Por esta razón, desde la CGT afirman que quieren ampliar el beneficio a dichos sectores. No obstante, los especialistas sostienen que el ajuste igualmente tiene algún impacto en dichas actividades.
"El efecto rebote puede afectar, también, a aquellos empleados domésticos que ven sus salarios por debajo del mínimo vital y móvil, e inician un reclamo a sus empleadores para ajustar sus ingresos a esos valores", afirmó Cerutti.
En la actualidad, la mayoría de los convenios colectivos superan los valores establecidos por el piso fijado desde el Consejo del Salario.
"Hay que destacar que yo hice un amparo a fines de los años 90, porque entre 1996 y el 2003 el salario mínimo estuvo congelado en $200 y ahora todos los años se renueva, esto es un logro", afirmó oportunamente Recalde a iProfesional.com.
Sin embargo, la última Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) indica que más del 40% de la población ocupada gana por mes menos que el salario mínimo.
Ese guarismo se aproxima a la tasa de ocupación en negro, un sector considerable del mercado de trabajo que es afectado muy parcialmente por la actualización del mínimo ya que, al no estar registrado, los empleadores no se sienten obligados a pagarlo.
"Cada vez que hay una actualización hay un corrimiento con cierto impacto en el informal, algún derrame hay, pero no directamente", afirmó a este medio el director del sitio El Salario.com, Víctor Becker.
Por otra parte, los estudios contables aseguran que el aumento del piso salarial impacta también sobre quienes perciben la Asignación Universal por Hijo.
De acuerdo con el decreto 1602, sólo pueden acceder a este subsidio aquellos trabajadores que se desempeñan en la economía informal y que perciben una remuneración inferior al SMVM.
En este sentido, el consultor tributario Iván Sasovsky, concluyó que "sin dudas, el aumento del SMVM implicará un incremento del gasto público ya que más personas quedarán incluidas dentro de este beneficio".
Hoy, las cosas son distintas y varios hechos dan cuenta del distanciamiento entre el Ejecutivo y la central obrera.
Uno de los indicadores más reciente y evidente de la situación tuvo lugar luego de que la presidenta Cristina Kirchner anunciara que buscará su reelección en los comicios de octubre.
En ese marco, se dio a conocer la conformación de las listas oficiales, la cual dejó un sabor amargo en varios dirigentes sindicales que esperaban ocupar un lugar en las mismas.
Además, en el escenario legislativo, otra puerta parece cerrarse. El proyecto de ley que apunta a que las empresas repartan parte de sus utilidades entre sus empleados que, en principio, parecía contar con el guiño del Gobierno y que es impulsado por el asesor legal de la CGT, Héctor Recalde, quedó en un freezer.
En este contexto, en el que se advierte una profunda sensación de insatisfacción de parte de varios miembros de la CGT y en el que las presiones salariales se han puesto de manifiesto en las últimas paritarias, tendrá lugar este miércoles una reunión clave del Consejo Directivo de la central obrera para definir el planteo que llevarán a la hora de negociar la actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).
El SMVM actualmente se ubica en $1.840 y se ajusta a través de un consejo integrado por las principales cámaras privadas del país, las centrales sindicales y el Gobierno.
Fuentes del Ministerio de Trabajo confirmaron a iProfesional.com que "la convocatoria al Consejo del Salario se realizará entre fines de julio y comienzos de agosto".
En tanto, Recalde se mostró confiado en que "se seguirá la lógica de los años anteriores", en los cuales se realizó en agosto.
Las negociaciones prometen un acalorado debate. Se espera que desde el Gobierno intenten acercarlo a los $2.200, de modo de convalidar un incremento cercano al 24%, en línea con la pauta alcanzada por los acuerdos salariales durante este año, según el Ministerio de Trabajo.
Sin embargo, algunos líderes sindicales consultados por este medio afirmaron que no se conformarán con ello y adelantaron que irán por más, en línea con lo que consideran "la inflación del supermercado".
En este sentido, desde la CTA que conduce Pablo Michelli anticiparon que pedirán una recomposición del 35%, lo que llevaría el mínimo a 2.500 pesos.
"La preocupación que siempre hemos tenido es que la inflación es un asunto que golpea a los sectores que representamos, pero no hay un desborde inflacionario, hay una aceleración de precios frente a la cual el Gobierno está tomando medidas", señaló a iProfesional.com el secretario de capacitación de la CGT y mano derecha de Hugo Moyano, Juan Carlos Schmidt.
En tanto, desde las cámaras empresarias se muestran reacios a una suba superior.
¿Efecto arrastre?: la incidencia de las paritarias sobre el SMVM
En medio de la "guerra fría" entre el Gobierno y la CGT, donde el SMVM ya se perfila como otro disparador de debate, se suma otro elemento que podría incidir al momento de las negociaciones.
Y es que algunos gremios importantes acordaron durante las últimas paritarias elevar el piso salarial a los $4.000 en hasta tres cuotas, lo que pone una mayor presión sobre la actualización del mínimo.
Esto fue lo que sucedió, justamente, con los empleados de comercio, la industria de la alimentación, los metalúrgicos, algunas ramas de la sanidad, los mineros y los gastronómicos.
Varios sindicatos consideran que ese piso es el que más se aproxima a la canasta básica. Y este dato no es menor considerando que el propósito del salario mínimo es asegurar al trabajador y su familia las necesidades básicas para no caer en la línea de pobreza.
"El salario mínimo tiene que ver con la canasta básica y con los aumentos salariales que se han firmado en paritarias, se tienen en cuenta diferentes parámetros", explicó a este medio, el secretario adjunto de Obras Sanitarias e integrante del Consejo del Salario, Carlos Ríos.
El problema es que "todavía no hay acuerdo" en el Consejo del Salario en torno a cómo medir dicha canasta y, por ahora, se han adoptado como parámetro las cuestionadas cifras del INDEC, que para junio arrojaron que la canasta, para un hogar tipo de cuatro miembros, era de $1.314, casi la mitad de lo que estiman las consultoras privadas.
Frente a ello, la CTA reclama que éste sea uno de los puntos a debatir, junto con el subsidio de desempleo. En tanto, desde la central obrera que conduce Moyano anticipan por lo bajo que el Ejecutivo mantendrá su política de aplicar leves ajustes al piso salarial.
"El Gobierno es reticente a tocar demasiado el mínimo porque si se habla de un porcentaje del 35%, entonces es un 35% para todos", señaló un gremialista cercano a la conducción.
Y cuestionó que "se pone una pauta del 24% cuando las empresas tienen márgenes de ganancia de hasta un 180%".
La última actualización del mínimo tuvo lugar en agosto del año pasado y requirió un cuarto intermedio, ante las dificultades que presentó la negociación. La CGT exigía una suba del 33% para elevar el mínimo de 1.500 a 2.000 pesos, pero los empresarios lo rechazaron por considerar que afectaba las paritarias cerradas. Finalmente, acordaron elevarlo un 21% a $1.840 en dos cuotas, del 16% en agosto de 2010, y del 5,5% en enero de 2011.
Ahora, las cámaras plantean que la actualización del mínimo esté en sintonía con el techo salarial del 24%, que acordaron este año los camioneros, el gremio de la construcción y los estatales de la UPCN.
"Me parece que un 24% de aumento es un número adecuado y razonable para actualizarlo", aseguró a iProfesional.com, el presidente de la CAME, Osvaldo Cornide, quien además es uno de los miembros del Consejo del Salario.
En este escenario, los empresarios del campo también tienen su postura. Alertan que una suba mayor podría poner en riesgo las fuentes laborales en aquellas zonas donde la producción atraviesa una situación "crítica".
"Se están cerrando todos los convenios, y si el sindicato de peones (UATRE) pide el 30% de aumento, no se da cuenta de que van a perder trabajo. En algunas producciones, la mano de obra es el mayor costo y tiene que haber un equilibrio para que pueda haber subas salariales y en blanco", advirtió a este medio el dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y miembro del Consejo del Salario, Adolfo Burgos.
Las entidades nucleadas en el Grupo de los Seis hicieron notar también su preocupación por los acuerdos salariales durante una reunión que mantuvieron la semana pasada. Allí, alertaron que "los aumentos han erosionado la rentabilidad empresarial en algunos sectores".
Por ello, cada vez más, los líderes empresarios reclaman instancias de diálogo tripartito para resolver las cuestiones laborales. Así lo expresó recientemente el titular de la UIA, José de Mendiguren, quien llamó al sector sindical a discutir "un gran acuerdo estructural" de cara al 2012, que trascienda las paritarias, y advirtió que "el desarrollo implica privaciones presentes para un porvenir futuro".
El impacto del salario mínimo
El Consejo del Salario se reúne todos los años desde el 2004. Es convocado por el Ministerio de Trabajo y está integrado por 32 representantes, sin contar las autoridades públicas.
Del sector privado, están representados los industriales, la construcción, el comercio, los bancos y las entidades agrarias, mientras que del sector gremial participan el líder de la CGT, dirigentes de obras sanitarias, metalúrgicos, construcción, estatales, peones rurales, ferroviarios y referentes de la CTA.
Allí discuten, entre otros temas, la actualización del salario mínimo que alcanza a unos 227.000 trabajadores excluidos de los convenios laborales o cuyos convenios fijan sueldos inferiores a la línea de pobreza.
"Los principales afectados serán aquellos que estén fuera de algún convenio. Esto es así porque, erróneamente, se piensa que quienes no están incluidos son los de la alta gerencia cuando, en realidad, no siempre es así. En tanto, los empleados que están muy abajo en la escala serán los principales beneficiados", explicó Juan Carlos Cerutti, socio del estudio Cerutti - Unamuno - Darago.
El experto sostuvo que el retoque del mínimo "tiene una especie de consecuencia psicológica en los que tienen salarios bajos y que, en general, se desenvuelven en pequeñas y medianas empresas sin ser inscriptos en los convenios correspondientes". "Esto genera cortocircuitos entre empleados y empleadores", aseveró.
En la actualidad, quienes se desempeñan en tareas rurales, en el servicio doméstico y los empleados municipales están al margen del salario mínimo. Por esta razón, desde la CGT afirman que quieren ampliar el beneficio a dichos sectores. No obstante, los especialistas sostienen que el ajuste igualmente tiene algún impacto en dichas actividades.
"El efecto rebote puede afectar, también, a aquellos empleados domésticos que ven sus salarios por debajo del mínimo vital y móvil, e inician un reclamo a sus empleadores para ajustar sus ingresos a esos valores", afirmó Cerutti.
En la actualidad, la mayoría de los convenios colectivos superan los valores establecidos por el piso fijado desde el Consejo del Salario.
"Hay que destacar que yo hice un amparo a fines de los años 90, porque entre 1996 y el 2003 el salario mínimo estuvo congelado en $200 y ahora todos los años se renueva, esto es un logro", afirmó oportunamente Recalde a iProfesional.com.
Sin embargo, la última Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) indica que más del 40% de la población ocupada gana por mes menos que el salario mínimo.
Ese guarismo se aproxima a la tasa de ocupación en negro, un sector considerable del mercado de trabajo que es afectado muy parcialmente por la actualización del mínimo ya que, al no estar registrado, los empleadores no se sienten obligados a pagarlo.
"Cada vez que hay una actualización hay un corrimiento con cierto impacto en el informal, algún derrame hay, pero no directamente", afirmó a este medio el director del sitio El Salario.com, Víctor Becker.
Por otra parte, los estudios contables aseguran que el aumento del piso salarial impacta también sobre quienes perciben la Asignación Universal por Hijo.
De acuerdo con el decreto 1602, sólo pueden acceder a este subsidio aquellos trabajadores que se desempeñan en la economía informal y que perciben una remuneración inferior al SMVM.
En este sentido, el consultor tributario Iván Sasovsky, concluyó que "sin dudas, el aumento del SMVM implicará un incremento del gasto público ya que más personas quedarán incluidas dentro de este beneficio".
FUENTE: IProfesional
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