Nueva denuncia de la AFIP por una presunta evasión del agro

Investiga a un grupo cordobés bajo sospecha de vender en negro por $ 430 millones

POR ORLANDO ANDRADA

CORDOBA.- Ante maniobras de evasión denunciadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el juez federal de Villa María, Mario Garzón, libró órdenes de captura para 16 empresarios y profesionales que integraban un grupo económico acusado de vender en negro 650.000 toneladas de soja y maíz por valor de $ 430 millones.

Las operaciones de la firma, cuyo nombre no fue suministrado por el organismo, se extendían desde la zona centro y sur de Córdoba hasta Mendoza, debido a las exportaciones que el grupo realizaba a Chile. El caso está vinculado con otro procedimiento concretado en septiembre del año pasado, cuando fueron detenidas ocho personas, de las cuales siete permanecen encarceladas, acusadas de maniobras fraudulentas en la venta de cereales en esta provincia.

Según la AFIP, en una primera etapa de la investigación, se secuestró documentación probatoria de los hechos durante los operativos que el organismo realizó en Córdoba y en Mendoza. Con esas pruebas, el juez ordenó las nuevas detenciones.

En Río Cuarto, Antonio Panza, director del área Jurídica de la delegación de la AFIP, dijo que se identificaron a tres "presta nombres" de esa ciudad, a quienes se procuraba detener. "No se puede hablar de insolventes porque son trabajadores que tienen a su nombre una empresa fantasma con bienes que ellos desconocen", afirmó. Como ejemplo, señaló que un trabajador era dueño de una flota de 50 camiones.

El funcionario dijo que la investigación está relacionada a las detenciones hechas en septiembre último contra la firma Prac, que sería parte del grupo denunciado. El año pasado, en Río Cuarto, se secuestró documentación en la financiera Cadewor, que vuelve a estar vinculada con los "presta nombres". Según la AFIP, Prac creó firmas fantasma para evadir lo generado por la exportación del grupo desde Mendoza hacia Chile.

"El grupo registró un llamativo crecimiento patrimonial, con la incorporación de plantas de acopio, granjas, camiones y autos registrados a nombre de sociedades fantasma cuyos integrantes son insolventes", señaló la AFIP.

Reacción de Dreyfus

Por otra parte, luego de ser suspendida por la AFIP del registro de operadores junto con otras dos cerealeras, la firma Louis Dreyfus negó las acusaciones de maniobras de evasión que le hizo el organismo. "Dreyfus manifiesta no tener ninguna causal que pudiera haber determinado la suspensión, ni tener deudas con el fisco", dijo la empresa en un comunicado.

En tanto, desde una de las cerealeras sancionadas dijeron estar sorprendidos por la suspensión. "La acusación de triangulación no tiene fundamento. Hay investigaciones en curso con algunas exportadoras por facturas apócrifas de terceras empresas que están registradas en la AFIP. Esas facturas no son responsabilidad de las exportadoras, sino de los terceros que las usaron. No correspondía la sanción hasta tanto no se aclarase el asunto", señalaron desde una empresa.

Algunos atribuyen la acción de la AFIP a un intento de presionar a las cerealeras para que aumenten los anticipos de Ganancias o como la prueba de que el Gobierno busca nacionalizar el comercio granario. "No creemos en esas versiones, pero no entendemos de dónde sale esto. Hace poco nos dieron ROE para exportar maíz, pero ahora no podemos transportarlo porque estamos suspendidos", agregaron en la exportadora.

Con la colaboración de Mercedes Colombres

Construcciones que pagan como baldíos

LA PLATA.- Unas 320 construcciones -entre ellas un flamante centro de compras en el microcentro de esta ciudad-, figuraban como terrenos baldíos, por lo que sus propietarios acumularon una millonaria deuda por evasión impositiva, según informó la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), al término de un amplio operativo de control llevado a cabo en La Plata. Según confirmó su titular, Martín Di Bella, el centro comercial pagaba como terreno baldío unos $ 10.000 por año en concepto de impuesto inmobiliario. Sin embargo, a raíz de la construcción existente -inaugurada hace algo más de un mes-, debería pagar alrededor de $ 50.000 anuales. Durante los controles se procedió a notificar deudas tributarias por unos $ 12 millones en 1200 comercios.

FUENTE: La Nación